La situación procesal de los dos gremialistas de camioneros detenidos en San Nicolás en el marco de la investigación por el bloqueo y presunta “extorsión” contra la empresa Rey Distribución se agravó con una nueva imputación.

Luego de un allanamiento en la sede gremial, se secuestraron recibos donde constarían el supuesto “ingreso de dinero” proveniente de los empresarios denunciados pero sin documentos que avalen la presunta deuda esgrimida por el sindicato.

A partir de esa documentación, la fiscal María Del Valle Viviani sumó el delito de “extorsión por suscripción de documento jurídico” a las acusaciones previas por "turbación de la posesión" y “extorsión” que ya pesaban contra Maximiliano Cabaleyro, delegado regional de Camioneros y de la CGT y concejal del Frente de Todos en San Nicolás, y Fernando Espíndola, también representante del gremio de choferes.

En simultáneo, este lunes vencerá el plazo con la que cuenta la fiscal para solicitar la prisión preventiva contra los gremialistas acusados.

De acuerdo a los elementos que considera la fiscal, existirían “peligros procesales” para evitar que los acusados continúen el proceso con prisión domiciliaria. A esto hay que agregar que los montos de pena estipulados no son excarcelables.

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