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Presunto caso de corrupción: Investiga al abogado sampedrino Patricia Serjal

La Legislatura santafesina analiza la conducta del Dr. Serjal debido a la presunta compra irregular de dos vehículo a una concecionaria. 

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Presunto caso de corrupción: Investiga al abogado sampedrino Patricia Serjal

Por: San Pedro Informa

El fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, quedó implicado en una controversia que es un problema ético indudable y que deberá definirse si es un delito. El Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini, lo apartó de una causa penal en la que favoreció con el archivo de la causa a un comerciante, dueño de una concesionaria de automotores, denunciado por vaciamiento de una empresa. Y al que antes de que se cumpliera el mes de ese archivo le compró dos vehículos 0 kilómetro por un valor que oscila en los 2.500.000 pesos.

La situación entraña múltiples problemas que exceden al funcionario. Los querellantes señalan que Serjal actuó con parcialidad, aducen que no tenía ningún motivo para archivar la causa, y vislumbran en la casi simultánea compra de los autos al empresario denunciado los verdaderos motivos de su decisión. El problema político es que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario, que es el órgano encargado de perseguir delitos, tiene al jefe de todos sus fiscales sospechado de cometer un acto de corrupción.

Hoy muchos fiscales asumen que no pueden ser liderados por un funcionario sobre el que pesa tal presunción. La idea de que Serjal, mientras no sea despegado por un trámite de investigación de las suspicacias planteadas, proyecta una imagen que perjudica al MPA, dado que el organismo que organiza la persecución del delito requiere como primera condición una conducción pulcra. El funcionario tiene mandato hasta abril de 2023. La Asociación de Fiscales de Rosario emitió un comunicado en el que piden se llegue a una resolución de este diferendo con “seriedad, celeridad, transparencia y objetividad”. Y remarcan que tener bajo sospecha a su jefe “implica una afectación a la legitimidad de toda la labor del MPA”.

“El esfuerzo que hay que hacer para identificar y conjurar a las grandes organizaciones criminales que tuvieron vigencia en Rosario y otras ciudades de Santa Fe desde hace más de 10 años, con una notoria protección del Estado en escalones policiales, pero también mediante la vista gorda de sectores judiciales y políticos, requiere de una fiscalía regional que dirija la estrategia de persecución penal y de la investigación de todos estos emprendimientos ilícitos. Con un fiscal regional sospechado de connivencia y de corrupción con empresas que fueron objeto de investigación eso no es posible”, dijo el director del Organismo de Investigaciones de Santa Fe, Marcelo Saín, que suena como nombre firme para conducir el Ministerio de Seguridad en el entrante gobierno de Omar Perotti.

La concesionaria

El caso que puso en zona frágil a Serjal surge de una denuncia formulada por Omar Santero, socio mayoritario de Carrocera Sudamericana, una empresa dedicada a la fabricación de colectivos. Santero dice que por problemas de salud en 2013 incorporó como socio a Rómulo González, otro empresario que es dueño de una concesionaria oficial de automotores Toyota, denominada Autorosario, ubicada en el barrio de Fisherton. Santero denunció penalmente en 2014 a González acusándolo de vaciamiento de su empresa en favor de Autorosario. Adujo que hubo un traspaso fraudulento de capital comercial y financiero, como bonos y certificados de IVA que pertenecían a la carrocera, a la concesionaria. Y que González además utilizó recursos humanos de la primera en favor de la segunda, todo sin contraprestación alguna, medida que terminó en un concurso preventivo de la carrocera.

La denuncia estuvo casi seis años en trámite hasta que el 22 de abril pasado el fiscal David Carizza desestimó la denuncia ante la idea de que no había delito. Los abogados querellantes del caso, Walter Stramazzo y Gustavo Peirone, apelaron el cierre, en la convicción de que había delito demostrable, y que se habían omitido medidas esenciales que probarían tal cosa. Frente a esto el fiscal regional Serjal confirmó la desesestimación.

Fue entonces que los abogados de Santero se quejaron de nuevo y el fiscal general Baclini vio que había motivo para abrir la causa. Así lo dispuso el 13 de noviembre. Ocurrió entonces que Serjal, cuatro días después, elevó una nota a Baclini pidiendo él mismo el apartamiento de esta causa. Señaló allí que con posterioridad a resolver que el dueño de la concesionaria no había cometido delito le compró dos vehículos, un Toyota Etios y un Toyota Corolla, ambos en versión full, a esa misma agencia de vehículos.

Serjal señaló que al momento de decidir la compra de ambos autos venía pagando un autoplan, desde 2018, para comprar una camioneta Mercedes Benz. Pero que por motivos que expone resolvió renunciar a ese plan de ahorro y adquirir los dos vehículos en Toyota porque le resultaba menos oneroso. Adujo que no optó por la segunda concesionaria que hay en Rosario de Toyota porque había tenido una mala experiencia al comprar un Ford Focus.

En definitiva Serjal indica que pagó los vehículos entregando su Focus, con un crédito prendario a 36 meses y con depósitos bancarios en efectivo con ahorros tanto de él como de su esposa, que es médica.

El fiscal general Baclini consideró que ya en ese argumento había una transgresión a la responsabilidad ética y de transparencia a la ley que rige el MPA, la 13.013, por varios motivos. La primera es que la fecha en que Serjal inicia sus tratativas con Autorosario en el mes de junio coincide con una causa en la cual esa firma se encontraba directamente interesada en un pleito que Serjal cerró a favor de su dueño denunciado por un caso de vaciamiento.

El Código de Ética del Poder Judicial de Santa Fe establece que a todo funcionario judicial le queda prohibido recibir cualquier tipo de beneficios “ya sea antes, durante o después de finalizado el proceso donde actúen”. Para Baclini, además de reparos éticos, Serjal pudo quedar incurso en alguna situación más compleja por lo que remitió el caso a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, donde la nota ingresó el viernes. El caso puede terminar desestimado por los legisladores o en un jury de enjuiciamiento que prevé como consecuencia más grave la destitución o que también puede absolver al funcionario.

Serjal expresó públicamente, que Aire digital consignó en una nota específica, que pidió él mismo su apartamiento, que su objetividad no está afectada y que puso a disposición toda la documental del auto adquirido por su esposa y por él. También indica que los vehículos fueron comprados con un depósito bancario, que entregó un vehículo usado, y que financió un porcentaje de la compra con un crédito prendario. En su planteo a Baclini adujo que pidió su apartamiento “para evitar planteamientos, incluso que solo podrían tender a lo que se conoce como chicanas judiciales”.

Las situaciones que llaman la atención son varias. La primera es que Serjal no informó de esta circunstancia en el mes de junio, cuando produjo la compra, sino cuatro días después de enterarse que se reabriría la causa cuyo archivo él había confirmado. Vale decir que dio aviso a la cúpula del MPA cuando se supo que iba a ser revisado el pleito. Causa que tenía dos peculiaridades: nunca se aceptó una pericia integral de la situación indicada como vaciamiento por parte de un especialista independiente y además había un camarista, Alfredo Ivaldi, que al aceptar que el dueño de la carrocera se presentara como querellante lo tomaba como damnificado, es decir víctima de un posible delito.

El primer aspecto crítico, como se dijo, es el "arraigo ético". La pregunta a despejar es si está bien que un funcionario público compré dos autos a una empresa cuando está resolviendo una causa en la que esta será beneficiada. Como ninguna concesionaria entrega vehículos de inmediato parece claro que tramitó las compras antes de dictaminar en el pleito. Otro aspecto medular del caso es cómo el funcionario pagó los vehículos. Deberá establecerse el precio de los dos autos, cómo se pagó, a cuánto le tomaron el vehículo, cuánto demoraron los créditos prendarios en salir y también de dónde se obtuvo el dinero en efectivo. En relación a esto la pregunta es por qué se patentó con una transferencia bancaria y en cambio parte del pago del auto, en vez de utilizar el mismo medio, se hizo con un depósito. El fiscal regional compra los dos autos cuando el archivo dispuesto para la denuncia de la carrocera ya estaba dispuesto por el fiscal Carizza y recurrido ante él.

La Asamblea Legislativa, en caso de aceptar el pedido del fiscal general, deberá examinar el comportamiento de Serjal, y definir si hubo o no inconducta. En tanto, la causa reabierta fue remitida al fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, que ya designó a dos fiscales para que se ocupen de profundizar el trámite.

La historia en foco

La de Serjal al frente de la Fiscalía Regional de Rosario es la historia de una controversia. Su llegada al cargo en 2017 produjo una sorda pero notoria discusión respecto del concurso que lo entronizó. Ni sus propios compañeros en esa compulsa entienden las razones por las que una persona de mínima visibilidad, que era fiscal de un área de flagrancia, ganó. En ese concurso no hubo evaluación de gestión de los participantes, que eran todos fiscales en ejercicio, ni valoración técnica ni contabilización de antecedentes. El trámite fue una charla privada donde los seis candidatos aprobaron superando objetivos. Se elevó una terna al Poder Ejecutivo y el gobernador Miguel Lifschitz se inclinó por Serjal, el menos conocido, con respaldo posterior de la Legislatura.

A tres meses de llegar a su cargo Serjal empezó a intervenir en uno de los casos más resonantes de esos días, una estafa múltiple mediante fraudes inmobiliarios, de un grupo de personas que se apoderaban de viviendas generando falsos poderes de compraventas. El caso involucraba a personas con historial de estafas, a actores relacionados con organizaciones criminales como la llamada Banda de Los Monos, pero también implicó a escribanos e influyentes empresarios conocidos de Rosario.

Serjal desmanteló a la Unidad de Delitos Económicos que había investigado a esos actores en un trámite de impacto público de resonancia. En esta causa corrió de lugar de jefe al fiscal Sebastian Narvaja, que investigaba a esa presunta organización. Ese mismo fiscal tenía a cargo, en la unidad desbaratada, cuatro sensibles causas contra senadores provinciales por presunto enriquecimiento ilegal y por manejo discrecional de subsidios.

En ese momento las dos cámaras de la Legislatura, de manera unánime, decidieron adjudicarse el control disciplinario de todos los fiscales de grado, que antes estaba a cargo del MPA. El abanderado del proyecto, encargado de defenderlo en la prensa, fue el senador Armando Traferri (del departamento San Lorenzo). La implicación de esa medida es que los legisladores quedaban con la potestad de desplazar de su cargo a cualquier fiscal que promoviera una investigación contra alguno de ellos. Era coincidentemente lo que estaba pasando.

Las causas abiertas contra los senadores no prosperaron. El año pasado, a dos años de iniciar una causa donde diez jueces diferentes sostuvieron la acusación contra todos los imputados, Serjal bajó una instrucción al fiscal del caso para otorgar un criterio de oportunidad contra los dos empresarios. El camarista Daniel Acosta señaló en audiencia que eso implicaba renunciar a acusar por lo que concluyó en que el tema devenía abstracto y la audiencia no tenía sentido porque no había conflicto por resolver.

El delito que se había analizado durante más de dos años era la apropiación de un campo de 118 hectáreas en una localidad del departamento Rosario. Antes de eso un tribunal de tres jueces había rechazado la homologación del acuerdo que implicaba un criterio de oportunidad. “Resulta incomprensible que la Fiscalía que pidiera penas para cada uno de los imputados (…) luego renuncia a ese impulso”, dijo el juez Héctor Núñez Cartelle. En definitiva la causa contra los dos empresarios no avanzó porque Serjal ordenó no acusarlos.

El incidente de la compra de los dos autos de parte de Serjal a la concesionaria a la que con su decisión judicial favoreció será analizado por la Legislatura si alguno de los miembros de la comisión de Acuerdos lo propone. Se trata de la misma Legislatura que se otorgó a sí misma el control disciplinario de todos los fiscales. Las novedades de la evolución de este intrincado asunto empezarán a fluir esta semana.

Fuente: Aire de Santa Fe.com


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