El trabajo conjunto con la DGI permitió desarticular la operación e interdictar las dos barcazas donde se encontraba el producto. La investigación realizada permitió determinar que ni la firma exportadora ni el productor podían justificar el origen de la mercadería. Durante el operativo, que contó con la participación de la Prefectura, también se interdictó la mercadería que había en 12 camiones.
“La fiscalización y el control del comercio exterior son la prioridad de nuestra gestión. A lo largo de los últimos dos años llevamos adelante un proceso de revitalización de áreas que habían sido diezmadas por el gobierno anterior como parte de su estrategia de liberalización y apertura comercial. La reconstrucción de esas capacidades es fundamental para lograr un control inteligente de las operaciones de comercio exterior que nos permita evitar maniobras ilegales, proteger la industria nacional, el empleo y fomentar la exportación”, afirmó la titular de la Aduana, Silvia Traverso.
“Junto con la DGI llevamos adelante un trabajo conjunto para analizar y evitar maniobras fraudulentas en materia de exportación agrícola. La incautación de 4100 toneladas de maíz es el resultado de esa coordinación con las distintas áreas especializadas de nuestro organismo, que se suma a las nuevas herramientas que implementó la AFIP, como la carta de porte electrónica”, sostuvo Traverso. “Pero la articulación no se limita al interior de la AFIP sino que trabajamos junto con el Banco Central, el Ministerio de Desarrollo Productivo y las fuerzas federales de seguridad”, sostuvo Traverso al ser consultada por el operativo realizado en San Pedro.
La maniobra desarticulada en San Pedro se suma a un operativo realizado la semana pasada en el Puerto de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que permitió decomisar más de 1000 toneladas de soja. La investigación que permitió evitar esa exportación fraudulenta está directamente vinculada al operativo récord que le permitió al organismo realizar el mayor decomiso de su historia al secuestrar unas 8100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto de Campana listas para ser exportadas.
Una investigación realizada por la DGI sobre la empresa que había adquirido y trasladado el maíz hasta el puerto bonaerense permitió desarticular la maniobra fraudulenta que ahora pretendía realizarse desde Concepción del Uruguay. “Las maniobras abusivas en el comercio exterior no sólo erosionan los ingresos fiscales, que son la fuente genuina para impulsar las políticas públicas, sino que además suman tensiones sobre el mercado cambiario”, consideró Traverso.
La operatoria evasiva de la empresa exportadora que fue impedida por la DGI consiste en recurrir a productores recientemente inscriptos, sin campos propios ni stock de granos, que simulan la venta de la mercadería directamente al exportador.
Los investigadores de la DGI detectaron que los presuntos productores sojeros están inscriptos en la actividad de “explotación de hectáreas en campo propio”. Sin embargo, los cruces de información evidencian que no son propietarios ni arrendatarios de ningún inmueble que les permita abastecer al exportador de la soja vendida.
Asimismo, el trabajo de análisis de las cartas de porte utilizadas para trasladar en forma fraudulenta las 1000 toneladas de soja evidencia que los documentos habían sido emitidos poco tiempo después de haberse registrado su actividad económica en AFIP. Es decir, los contribuyentes no podrían haber producido la soja de la campaña 2020-2021 que movilizaron porque tampoco contaban con stock declarado.
Desde el 1º de noviembre de 2021, la AFIP dispuso el uso obligatorio de la Carta de Porte Electrónica, documento de respaldo para el transporte de granos automotor y ferroviario cuya implementación no solo simplifica el proceso de solicitud, carga y emisión del comprobante sino que permite una mayor trazabilidad y efectividad en los controles.
TELAM