Desde hace un tiempo el geriátrico San Francisco de Asís, propiedad del Dr. Julián Gómez, es blanco de denuncias y distintas situaciones irregulares.

Es un lugar que hace mucho tiempo que viene con quejas en forma permanente. No solamente de familiares que han tenido allí también internos, sino también de empleados que han trabajado en el lugar.

Todo esto llevó a qué se deba intervenir al punto de llevarlo hasta la clausura.

Diego Lafalce, quien actualmente integra el Concejo Deliberante y forma parte de la oposición, es quien a la vez tiene a su cargo las inspecciones en este tipo de establecimientos.

El propio funcionario habló en el aire de FM Génesis y San Pedro Informa dónde dió detalles de como se fue dando todo además de confirmar que el caso está judicializado porque él mismo radicó la denuncia correspondiente.

"A lo largo de este tiempo ha sido inspeccionado en reiteradas oportunidades, donde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires le genera una clausura preventiva que es administrativa, en donde le da, por finalidad, la posibilidad de seguir trabajando y regularizar su situación sin ingresar distintos abuelos, osea, sin meter nuevas personas al lugar", dijo Diego Lafalce.

"A raíz de las inconsistencias que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, el Ministerio de Salud, en el año 2022, establece la clausura y desalojo, con ratificaciones en el año 2023, por lo que no se llevó adelante", confirmó.

"Esta es una medida que toma directamente el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, no es algo que se me ocurra a mí ni a ninguna otra persona. Simplemente son inspectores que vienen de la Provincia de Buenos Aires y establecieron esta situación".

"Al observar los hechos que fueron acaeciendo todo este tiempo, que no se sostuvo en el tiempo, de que no se tomaron los recaudos necesarios, y que no se cumplimentó la orden del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, es que en este caso hago una denuncia penal por averiguación de ilícito", remarcó el funcionario.

"La institución geriátrica por legislación establece que para estar alojado allí tiene que tener de 65 años para arriba. En este caso ha pasado de que hay personas menores a 65 años, y que tampoco está permitido por la ley para esta situación. Se termina transformando y pierde el espíritu de institución geriátrica". "Es por todas estas inconsistencias que el ministerio dictó en el 2022 una clausura con desalojo, sumado a una multa, y lo ratifica en el 2023*.

"Acá lo que se hace es, en mi caso particular, tener la tranquilidad de que se hizo lo humanamente posible y lo jurídicamente posible para el mejor bienestar de los abuelos, porque no es que hoy se me ocurre a mí decir esto no funciona, ya hace muchos años que si se observa a lo largo del tiempo y hacemos una cronología, va a observar que hay inconsistencias, denuncias permanentes, los medios que han cubierto situaciones complejas en otras oportunidades, hay denuncias de personal en la justicia que de hecho tengo esa prueba de que las denuncias existieron, entonces por lo pronto uno tiene la tranquilidad de que en materia jurídica, en materia laboral, uno hace lo correcto, porque claramente cuando pasan estas cuestiones, nadie quiere hacerse cargo", manifestó Lafalce.

"Está la evidencia y está la prueba, y en la vecina localidad de Baradero pueden dar fe de ello, donde me han contactado a mí para ver como era esta situación porque habían dejado literalmente tirado a un abuelo en una plaza o no sé donde. Entonces, esta cuestión es un hecho inalienable a la vida".

"Mi denuncia es una averiguación ilícita de porqué no se cumplimentó el desalojo del lugar", sostuvo el funcionario.