Una sentencia que sin dudas marcará un precedente en todo el pais acaba de dictaminar la justicia. La misma está relacionada con un hecho de phishing (delito informático) que tuvo como víctima a un vecino sampedrino cliente de una sucursal bancaria de nuestra ciudad. 

La sentencia, es un gran logro el que se obtuvo, en el que la justicia determina la inexistencia de tres transferencias que se hicieron desde el homebanking de la víctima a un tercero desconocido por esta, marcando un precedente.  

Esto sucedió el 23 de marzo del año 2021, cuando en horas de la madrugada se realizaron tres transferencias. El 24 de marzo, se realizó el reclamo al 0800 del Banco Santader; el 25 de marzo se realizó la denuncia penal, y el 26 de marzo del mismo año se presentó el reclamo al banco mediante nota. Al no tener respuesta, el día 29 se inicia el reclamo en las Oficinas de Defensa del Consumidor de nuestra ciudad para profundizar el reclamo y recuperar el dinero sustraído.

En el mes de agosto del año 2022, luego de agotar la etapa previa de mediación, se inicia la demanda por daños y perjuicios. Obteniendo dicha sentencia en el mes de diciembre de este año, en la cual se lo condena al Banco Santander a abonar todos los rubros reclamados en la demanda, más sus intereses.

LA ÉTICA PROFESIONAL BAJO LA LUPA

El último viernes un abogado de la ciudad de San Nicolás, publicó un reel en sus redes sociales donde ofrecía sus servicios y se adjudicaba tener participación en la sentencia judicial, la cual sentaba jurisprudencia; este reel fue advertido por un medio nicoleño, Diario El Informante y Radio Net, quiénes le dieron difusión y hasta entrevistaron al abogado quien a la vez se presentaba como patrocinante del damnificado dando detalles de la causa como así también todos los datos personales del particular  damnificado. 

En primer lugar, se debe aclarar que el estudio jurídico sampedrino en cuestión y que patrocinó al damnificado es el de las abogadas Sandra Berthet y Mariana Millet. Si bien las sentencias son públicas, este profesional incumplió con la ética profesional y utilizó una sentencia para beneficio propio afectando el derecho a la identidad profesional, realizando publicidad engañosa, violando normas de ética profesional; pero más grave es que violó el derecho a la privacidad del damnificado quien no había otorgado ningún  consentimiento para ser nombrado.

No es legal utilizar una sentencia judicial para hacer publicidad si no se fué parte del proceso y sin consentimiento de las partes, especialmente si de los datos se permiten identificar a las personas. 

Hay una ley de protección de datos personales. Viola los principios de finalidad y consentimientos de la ley. Aunque la sentencia sea pública, las personas involucradas no consintieron que su conflicto se use con fines comerciales.

Es cierto que las sentencias son públicas, pero eso NO habilita cualquier uso. Sí se puede usar con fines académicos, informáticos o doctrinarios, pero no para publicidad.

Fuente: Radio Net y Diario El informante